La pandemia COVID ha acentuado la divergencia económica de las empresas en el mundo digital: se producirá una concentración del poder. Las nuevas tecnologías, la disminución del poder de negociación de los trabajadores y el fracaso de las autoridades estatales antimonopolio serán algunas de las causas; esto llevará a una lucha legislativa plena dado que las plataformas digitales se opondrán a una regulación estricta que implique muchos controles por ejemplo en la captación de datos de personas las cuales les pueden proporcionar enormes beneficios a través de implementar legislación asociada.

En los países democráticos se intentará legislar de manera más estricta (en contra opinión multinacionales digitales) para cubrir los vacíos que las empresas digitales propietarias de redes sociales han empezado a hacer, en cuanto a establecer un marco interno para poder limitar los contenidos considerados como racistas, atentado como la dignidad humana, venta datos, etc, pero no es esperable que exista un consenso internacional. Esa legislación interna de las empresas ¿qué validez asociada a la legislación vigente y al derecho democrático tienen?. Sí no están sujetas a ninguna regulación que las obligue, ninguna.

Las redes sociales en los países democráticos permitirán una mayor participación ciudadana a nivel horizontal y un gobierno más abierto.

Si se legisla a nivel de los Estados Democráticos en las redes sociales, dependiendo de la intensidad de la misma, se puede llegar a un punto de generar un regulación tan estricta que sea imposible o pueda colisionar con la libertad de expresión; puede darse la amenaza de no saber dónde se encuentra el límite entre la libertad de expresión y el sometimiento de las redes sociales al derecho de los estados democráticos.

La concentración excesiva en los países democráticos de las empresas digitales a través de sus redes sociales puede conducir a un monopolio de los contenidos y la información con capacidad de influencia en la sociedad para imponer leyes o legislación a favor de determinados intereses particulares que nada tienen que ver con el interés general ni con las leyes votadas en los parlamentos que pueden perder poder.

Dicha concentración de las redes sociales en pocas empresas, con enorme poder y no estar asociadas al terreno físico hace muy complicado su control a nivel de tributación para mantener los sistemas sociales de los Estados democráticos.